Los 'populares', con el único apoyo de sus socios electorales de UPN y Partido Aragonés, consiguen así avanzar en la aprobación de esta Ley pese a las críticas generalizadas de la oposición que en el debate previo a la votación en la Cámara Baja han escenificado su rechazo frontal al texto. Tanto el PSOE como la Izquierda Plural y otras minorías se han comprometido a derogarla en la próxima legislatura.
Desde la presentación de su primer borrador hace ahora algo más de un año, la Ley de Seguridad Ciudadana ha estado envuelta en polémica por las quejas suscitadas entre partidos políticos y colectivos sociales, que la bautizaron como 'Ley Mordaza'. Entre los planes iniciales del Ministerio del Interior se incluía sancionar con hasta 600.000 euros --la multa más alta-- a quienes participasen en protestas ante el Congreso de los Diputados sin la autorización de la Delegación del Gobierno.
No obstante, esta medida fue posteriormente matizada en el articulado, que ha experimentado numerosos cambios, incluso antes de ser presentada como anteproyecto de Ley en el Consejo de Ministros. Los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal también manifestaron sus reticencias a algunas de las cuestiones que contemplaba la Ley.
Fue remitida al Congreso de los Diputados el pasado julio y en una tramitación parlamentaria que la oposición denunció por acelerada se presentaron hasta nueve enmiendas a la totalidad --que fueron rechazadas por el PP-- y 250 enmiendas parciales --de las cuales los 'populares' dicen haber asumido 80--.
Por su parte, entre las enmiendas introducidas a esta Ley el PP aprovechó para introducir una disposición transitoria que modificaba la ley de Extranjería con el fin de legalizar la figura del 'rechazo en frontera' de inmigrantes de Ceuta y Melilla. Al optar por este camino, se ahorró los informes de los órganos consultivos que habrían sido imprescindibles en el caso de que la modificación hubiera estado en la redacción del proyecto de ley.
Un total de 33 infracciones
Finalmente un total de 33 infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana han sido modificadas (14) o directamente eliminadas (19) desde que el Gobierno presentase el anteproyecto del texto en el Consejo de Ministros.
Teniendo en cuenta que el primer anteproyecto contenía un total de 58 infracciones entre leves, graves y muy graves, los retoques y eliminaciones afectan a casi un 57 por ciento, más de la mitad. Además se han introducido seis nuevas faltas por lo que finalmente la Ley tendrá 45 infracciones, según el último borrador del articulado con el que han trabajado los grupos parlamentarios al que ha tenido acceso Europa Press.
"Contrario al ordenamiento jurídico"
Todos los grupos de la oposición que han intervenido han trasladado al PP su rechazo a esta legalización de las devoluciones en caliente porque consideran que es contrario a "todo el ordenamiento jurídico", tanto nacional como internacional, que contraviene los convenios y tratados suscritos por España y que carece del respaldo e informe de los órganos preceptivos.
PSOE, Izquierda Plural y ERC se han comprometido a derogar la ley en cuanto cambie la mayoría parlamentaria del PP y, además, los socialistas han anunciado su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. CiU, por su parte, ha apostado por cambiarla en el futuro porque ve necesaria una ley de seguridad ciudadana, si bien distinta a la presentada por el Gobierno.
Para el diputado del PSOE Antonio Trevín, es un "error" el proceso por el que se han regulado las "devoluciones en caliente", al haberse introducido en la ley a través de una enmienda del PP y sin contar con los informes preceptivos del Consejo de Estado y del CGPJ al tratarse de un tema referente a Derechos Humanos.
Mientras, Feliu Joan Guillaumes, de CiU, considera que la regularización del rechazo en frontera es un motivo suficiente para no apoyar esta normativa. "Entendemos que una democracia sólo se justifica si se comporta como tal", ha apostillado.
Emilio Olabarria, del PNV, ha alertado de que esta medida contradice las normas internacionales y se trata de personas que quieren entrar en España "en busca de una vida mejor".
Por parte de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, ha criticado duramente la legalización del rechazo en frontera que, según ha lamentado, ya se está realizando aunque no está aprobada la ley. Ha condenado el "terrible comportamiento" que a su juicio están ejerciendo en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Toni Cantó, de UPyD, ha lamentado que el Gobierno vaya a legalizar el rechazo en frontera cuando según las organizaciones internacionales se trata de una medida "ilegal", contraria, por ejemplo, contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos o contra la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
"Da más seguridad jurídica"
Desde el Grupo Popular, Conrado Escobar ha procedido a leer en alto la enmienda, a su juicio "exquisita y prudente desde cualquier punto de vista" y que además regula "lo que necesita Ceuta y Melilla" para proteger la frontera.
"Una cosa es entrar y otra intentar entrar y es lo que se regula y se consigue con más claridad, dar más apoyo a quien protege las fronteras, más seguridad jurídica. Apenas el 1% de inmigrantes solicitan asilo y pese a todo vamos a poner esa oficina para asilo en la frontera", ha defendido, recordando que Ceuta y Melilla son los pasos "más transitados".
Respecto a la preocupación mostrada desde Bruselas por la regulación de esta medida, Escobar ha alertado que una cosa son "los despachos de Bruselas" y otra es trabajar in situ desde la valla.
Quejas internacionales
Esta regulación ha suscitado las quejas y preocupaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de la Comisión Europea, ACNUR, la Abogacía Española, académicos y más de 120 ONG y colectivos que han presentado escritos a altas instituciones del Estado para intentar frenar la medida, contraria a su juicio al derecho de asilo y al derecho internacional de los Derechos Humanos.
La más sonada de estas reacciones ha sido la de la Iglesia, que ha exigido la "retirada inmediata" de esta regulación en un comunicado avalado por la Conferencia Episcopal, Cáritas, Justicia y Paz y la CONFER que expresaba su "enérgico rechazo" ante esta iniciativa porque, a su juicio, "pretende legitimar las expulsiones sumarias" en la frontera sur y "criminaliza la pobreza y la movilización social".
"La aceptación de las expulsiones sumarias que representa la aprobación de este Dictamen supondría consolidar legalmente un concepto de 'frontera' sinónimo de un territorio donde los derechos humanos están ausentes", señalaron.
Ante estas afirmaciones, el ministro responsable del ramo, Jorge Fernández Díaz, católico practicante reconocido, recordó que España es un "estado aconfesional" en el que existe una separación de la Iglesia y el Estado. Además, este mismo jueves ha retado a quienes "dan lecciones" de humanitarismo a facilitarle una "dirección" a la que enviar a los inmigrantes para su acogida.
"Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo le aseguro que les enviamos. Pero hay mucha hipocresía", ha declarado en una entrevista televisiva para después, en los pasillos del Congreso, añadir: "Que digan a cuántas de esas personas están dispuestos a acoger comprometiéndose a darles un puesto de trabajo adecuado y que las van a mantener y si no lo hacen, que se callen y den menos lecciones".