La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia vizcaína considera probado que, a mediados de abril de 2013, una persona no identificada, "puesta previamente de acuerdo" con uno de los acusados, se puso en contacto con una empresa de Murcia dedicada a la importación y exportación de productos textiles para interesarse por la compra de género.
Finalmente, el día 24 de ese mismo mes, realizó un pedido de 3.100 toallas, valoradas en 30.008 euros, que debía entregarse en una dirección de la localidad vizcaína de Erandio y que supuestamente iba a abonarse mediante dos pagarés.
Teniendo en cuenta la importancia del pedido, la empresa solicitó los datos de los responsables de la adquisición para comprobar su solvencia y recibió, "como parte del plan concertado por el acusado", las filiaciones de dos comerciantes "de reconocida solvencia", que "desconocían la operación y cuyos datos habían sido conseguidos de forma que no consta", según relata la resolución judicial.
La compañía aceptó el pedido debido a "la credibilidad comercial" de estos dos comerciantes y envió un camión con las toallas a la dirección señalada. La entrega se hizo el 21 de mayo en las inmediaciones de la calle Urdaneta de Erandio "a unas personas de raza gitana, entre las que estaba el acusado", y que entregaron dos pagarés al camionero en los que una persona no identificada había simulado las firmas de los dos comerciantes.
Los pagarés resultaron impagados y los comerciantes suplantados acudieron a la Policía cuando la empresa les reclamó el pago de los pedidos, explicando que "no conocían los encargos ni habían tenido ninguna intervención".
A finales de junio de 2013, el encausado realizó, en compañía del segundo de los acusados, otro pedido a esta misma empresa de tejidos por valor de 80.000 euros haciéndose pasar, en esta ocasión, por dos empresarios de Ortuella.
Al recibir este nuevo pedido, la compañía alertó a la Ertzaintza y se organizó la entrega con un agente en el camión que se hizo pasar por transportista.
De este modo, el 26 de julio acudió al punto de entrega un camión supuestamente cargado con la mercancía, que se reunió con el segundo de los acusados, que se identificó como transportista y entregó un DNI correspondiente uno de los empresarios de Ortuella, con su propia fotografía, y le entregó dos pagarés.
Al lugar acudió también, según indica la sentencia, el otro encausado, que conducía la misma furgoneta que en la ocasión anterior, con la intención de "cargar el género para su apropiación definitiva". Los dos hombres fueron detenidos en el lugar de los hechos por agentes de la Ertzaintza.
INDEMNIZACIÓN
La Audiencia vizcaína considera probado que, en ninguna de las dos operaciones, los acusados tuvieron intención de abonar los pedidos a la empresa textil, cuyo representante legal reclamó la correspondiente indemnización de perjuicios.
Por todo ello, condena al primero de los acusados, de 50 años de edad y nacido en Vitoria, a cuatro meses y 15 días de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, y multa de 1.620 euros por un delito continuado de uso de documentos mercantiles falsos.
Además, le impone una pena de tres años de prisión y multa de 3.240 euros por un delito de estafa continuada. Por otro lado, deberá indemnizar a la empresa de tejidos con 30.008 euros.
Al segundo de los acusados, nacido en Bilbao y de 47 años, le condena por un delito de uso de documentos mercantiles falsos en concurso medial con un delito de estafa en grado de tentativa a nueve meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, y multa de 1.620 euros.
Los dos encausados deberán abonar las costas procesales, dos tercios de ellas el primero y el tercio restante el segundo, según indica la sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.