En la sentencia, el tribunal considera probado que la acusada, "valiéndose de su condición de empleada" del banco y de la "total confianza" de sus clientes, algunos de edad avanzada, retiró "importantes" cantidades de dinero de sus cuentas corrientes.
Estas retiradas de fondos las efectuaba mediante operaciones bancarias cuyos justificantes hacía firmar a sus clientes, quienes lo hacían "desconociendo la operación bancaria que reflejaban esos justificantes.
Las víctimas pensaban que eran "operaciones ordinarias" y "desconociendo que realmente mediante tales operaciones eran retiradas cantidades que les pertenecían".
La acusada hacía suyo ese dinero y lo destinaba a una sociedad familiar de la que era administradora solidaria.
Los servicios de auditoría del banco detectaron "irregularidades" en la actuación de su empleada y mantuvieron el 31 de marzo de 2015 una entrevista con ella.
Tras esta entrevista, la acusada contactó con los titulares de las cuentas bancarias pidiéndoles que firmasen un documento reconociendo haberle prestado las cantidades de las que se había apropiado, documento que fue firmado por la mayoría de los clientes, según añade la sentencia.
Posteriormente, los usuarios de la entidades negaron haber prestado dinero a la acusada tanto a la entidad bancaria como al juzgado de instrucción.
Por todo ello, el juez ha condenado a la acusada a seis años de prisión por un delito continuado de estafa y al pago doce meses de multa, a razón de una cuota diaria de doce euros.
Asimismo, debe indemnizar la cantidad de 483.981,28 euros a la entidad bancaria. Por otro lado, ha sido absuelta del delito de falsedad en documento mercantil.
La resolución no es firme y contra ella puede interponerse recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.