Según ha podido saber Europa Press, se llamaba a los asesores y concejales para hacerles la propuesta de hacer una "donación" de 1.000 euros al partido que, según se les explicaba, sería después devuelta, pero no mediante transferencia bancaria, sino en billetes de 500.
Las fuentes consultadas apuntan a la secretaria del grupo popular, María del Carmen García Fuster --detenida en la Operación Taula-- aunque no siempre era ella personalmente quien realizaba las llamadas y proposiciones.
Al menos cuatro extrabajadores --según ha trascendido, Nuria Diego, Arantxa Martí, Patricia Iserte y Jesús Gordillo-- rechazaron aceptar ese ofrecimiento, pese a que existían amenazas y presiones en el ámbito laboral. Además, las mismas fuentes aseguran que hubo compañeros que fueron "engañados" y no se les explicó bien lo que se pedía.
Miquel Domínguez, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y actual diputado en las Corts Valencianes, ha asegurado, preguntado por las aportaciones al partido que, "a todas las ONG" que le piden, él "les da dinero". Domínguez ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación que se encuentran a las puertas del cuartel de la Guardia Civil de Patraix, por donde están pasando concejales, exediles y asesores del grupo municipal 'popular' para declarar en relación a esos pagos.
El que fuera responsable de Seguridad Ciudadana no ha declarado finalmente porque, según ha explicado, "se han equivocado". "Me han dicho que me olvide, que si eso ya me llamarán, solo sé que he venido a dar una vuelta porque no tengo nada", ha apostillado.
Por su parte, la portavoz adjunta del grupo popular, Maria Àngels Ramon-Llin, se ha limitado a señalar a su salida que la investigación judicial esta bajo secreto de sumario y "del tema político" ya no iba a decir nada más.
La Guardia Civil ha citado en calidad de investigados --tal y como han confirmado algunos de los representantes populares a su entrada al cuartel-- a decenas de ediles y asesores del PP. La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada Operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del PP valenciano y, también, al blanqueo de capitales.
Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos.
En un principio, y en el marco del caso Imelsa y la Operación Taula, quedó imputado --investigado, según la nueva terminología de la Lecrim-- el portavoz de esta formación en el consistorio y presidente del PP en la ciudad, Alfonso Novo, y el asesor Luis Salom. Asimismo, fueron detenidas otras personas relacionadas con la corporación municipal, como la exconcejala de Cultura María José Alcón; su asesor, Pedro Aracil; y la secretaria del grupo, María del Carmen García Fuster.
Esta pasada medianoche, Alfonso Rus abandonaba los juzgados en libertad provisional con medidas cautelares tras acogerse a su derecho a no declarar. El principal investigado de la operación, expresidente de la Diputación valenciana, ha asegura que es inocente y que “todo ha sido un montaje”.