Según ha explicado a los periodistas, el Gobierno regional, a raíz de un convenio con el Ministerio del Interior que se renueva en diciembre, paga la seguridad de los edificios autonómicos y de los presidentes autonómicos a través de agentes de segunda actividad de Policía y la Guardia Civil.
Ahora, el nuevo Ejecutivo regional ha determinado que no se aplica la protección de la casa particular de Esperanza Aguirre en dicho convenio, por lo que será el Ministerio del Interior el que decida, en conveniencia con la interesada, si sigue necesitando seguridad pública. En caso afirmativo, los agentes serían costeados por el Ministerio.