Según han apuntado tras conocer el contenido del anteproyecto, ningún profesional sanitario puede determinar objetivamente si el conflicto psicológico que en una mujer genera un embarazo no deseado o una patología grave o incompatible con la vida puede ser solucionado sin recurrir al aborto y "mucho menos determinar si esa afectación se prolongará en el tiempo", tal y como señala el texto.
"Es la mujer, y solo ella, la que tiene que saber si puede sobrellevar o no la disfunción psicológica y vital que tal situación le puede suponer", recuerda ACAI.
En segundo término, el establecimiento de centros públicos acreditados expresamente para emitir dictámenes, informes preceptivos y asesoramiento a las mujeres, distintos a los que realizan la propia intervención, implica "someter a las mujeres al arbitrio ideológico de los profesionales que lo integren".
Además, avisan de que en función de quienes formen dichos comités estos se pueden convertir en "auténticos centros de estigmatización y culpabilización de la mujer", con el objetivo de hacer desistir a esa persona de su intención de abortar "aunque su situación psicológica, personal, e incluso física hagan recomendable la interrupción de su gestación, cuando además así lo desea".
Las clínicas también critican todos los mecanismos burocráticos que se introduce el Gobierno para poder abortar, que "llevarán muy probablemente a la mujer a una semana de gestación alta que incida en la posibilidad legal de interrumpir su gestación por plazos, e incluso por evolución gestacional".
Por otro lado, ACAI también ha rechazado que la nueva norma pueda impedir a estos centros informar a la mujer de los ámbitos donde puede encontrar asesoramiento, apoyo o simplemente información práctica de la ubicación geográfica de dichos centros.
"Es simplemente impedir que la mujer tenga otras vías de información distintas a las oficialmente establecidas por el Ejecutivo, de acorde a su ideología, y reducir a estos centros a una suerte de semiclandestinidad", denuncian en un comunicado.
De hecho, apuntan que esta nueva regulación llevará a las mujeres a seguir ejerciendo "voluntariamente" su decisión de abortar pero "desde la clandestinidad y el éxodo abortivo".