El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avisado este martes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que ni "el diálogo" y la convocatoria de una elecciones autonómicas paralizarán una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña.
En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha señalado que la crisis en Cataluña no se soluciona "exclusivamente" celebrando elecciones en la Comunidad Autónoma. Un nuevo escenario político, ha explicado, "podrá ayudar a resolver los problemas", pero "el incumplimiento de las obligaciones" por parte de Puigdemont "no se soluciona simplemente convocando elecciones", sino "alguna cosa más".
A su juicio, es necesario que la Generalitat aclare "expresamente" si se ha declarado la independencia y precise cual es su voluntad de cumplir las leyes y "acatar la Constitución". "El asunto va mucho más allá que una mera convocatoria de elecciones, que es importante para el futuro, sin duda. Pero no es lo único", ha remarcado.
IR AL SENADO, "UN BUEN PASO"
El ministro cree que "sería un buen paso" que Puigdemont decida comparecer ante el Senado para dar explicaciones porque "es un buen camino para la búsqueda de soluciones". Pero ha recalcado que "el diálogo no es un fin en sí mismo" sino que simplemente es la manifestación "de una actitud positiva".
Catalá, que ha dicho ser "incapaz" de predecir lo que hará Puigdemont, ha apuntado que si el presidente catalán acude al Senado con una declaración unilateral de independencia efectuada anteriormente en el Parlamento autonómico reflejará "toda una declaración de intenciones" y su empeño en "un planteamiento al margen de la Constitución, de la ley y que le somete a una responsabilidad personal desde el punto de vista jurídico muy importante".
En este sentido, sobre la posibilidad de que la proclamación de la independencia pueda llevar a Puigdemont a la cárcel --como ha apuntado el fiscal general del Estado, José Manuel Maza-- Catalán ha manifestado: "Bueno, no sé si es así de directo y de inmediato, pero declarar la independencia es una violación flagrante de la Constitución y de la leyes", ha señalado Catalá.
Según ha recalcado, un presidente de una comunidad autónoma es "representante del Estado en el territorio" y la Generalitat no está "al margen". Catalá cree que declarar la independencia de un territorio es "una violación flagrante de obligaciones" pero sostiene que es al fiscal general del Estado "al que le corresponde" estudiar la posibilidad de presentar una querella por si esa declaración unilateral supone el delito de rebelión contra Puigdemont. "Estamos hablando de penas privativas de libertad de muchos años, esto son ya palabras mayores", ha añadido.
"EMITIR OPINIONES NO ES DELICTIVO"
Catalá ha defendido que, en una "democracia fuerte y abierta" como la española, "emitir opiniones no es delictivo". Sí puede ser susceptible de una impugnación por parte de la Fiscalía "llevar a cabo hechos concretos" como "adoptar acuerdos o aprobar leyes".
"Si se produce esa votación en el Parlamento de Cataluña, si se adopta un acuerdo entorno a la independencia, la responsabilidad pasa como cuando hay una votación, alguien puede dejar salvada su responsabilidad manifestando que vota en contra o que no participa en esa votación", ha afirmado, para después recalcar a los diputado del Parlamento catalán que "no es tan difícil separarse de esta locura".
Y sobre la posibilidad de que se convoque un Pleno en el Parlamento catalán con el objetivo de declarar la independencia, ha avisado de que todas las instituciones públicas tienen "un deber de ejemplaridad y de actuación conforme a las normas": "Y si alguien puede equivocarse y creerse que está por encima de la ley, las fuerzas del Estado, el poder judicial, etcétera, impondrán las obligación con toda seguridad", ha advertido.
"GARANTIZAR" LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Catalá ha hecho hincapié en que, a pesar del cese del Gobierno catalán que se hará efectivo este sábado, el Ejecutivo central va a "garantizar" que todos los servicios públicos sigan funcionado. Asimismo, ha tachado de "absurdo y pueril" que se plantee la posibilidad de que algunos cargos se nieguen a acatar la decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
"El día que se publique el cese de Puigdemont, pues ese día pierde todas sus competencias. Fue nombrado por un decreto y será cesado por un decreto", ha expresado, aunque precisando que la condición de diputado autonómico no la perderá.
Asimismo, respecto al llamamiento de la CUP para que no se aplique en artículo 155 en Cataluña, Catalán ha afirmado que se trata de un comportamiento "punible". Y ha cargado contra esta formación política por ser "antisistemas y radicales" y ha acusado al Gobierno catalán de "estar contaminado" y "echarse en brazos de los más radicales".
Una vez aplicado el 155 en Cataluña, cuando el Gobierno central asuma las competencias de Interior, entre otras, el ministro ha dicho estar seguro de que los agentes de los Mossos de Esquadra "seguirán trabajando" por el interés común y cumplimiento de las normas. "Me resulta inimaginable que un funcionario público, y más todavía que un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad pueda anteponer intereses partidistas y políticos personal al interés general y al sometimiento a la ley", ha manifestado, recalcado que, si cambia la dirección del cuerpo autonómico y hay relevo del major de los Mossos, Josep Lluis Trapero, el nuevo responsable actuará "conforme a la ley".
Por otro lado, respecto a la posibilidad de que el Gobierno aplique el 155 en los medios de comunicación catalanes, Catalán ha precisado que el objetivo es que estos cumplan la ley autonómica y se respeten los "valores de pluralismo" y "neutralidad".
"COHERENCIA Y SENSATEZ" DEL PSOE
Catalá ha afirmado que el PSOE y Ciudadanos "han hecho un ejercicio de democracia y de reponsabilidad" al pactar la aplicación del artículo constitucional ante el desafío secesionista catalán. Y ha elogiado especialmente el "ejercicio de coherencia y sensatez" del PSOE que, a su juicio, está demostrando "firmeza" en los valores constitucionales.
De hecho, el ministro de Justicia ha recordado que desde las pasadas elecciones autonómicas y municipales el PP "ha mandados mensajes al PSOE" para "colaborar con un programa de servicio al ciudadanos" para que los socialistas "no se vean obligados a tenerse que acercar a movimientos radicales de extrema izquierda".
"Hasta la fecha ese ofrecimiento no ha sido atendido (...) Pero nosotros vamos a estar permanentemente en ese planteamiento", ha remarcado, mostrándose "seguro" de que serán "capaces" de entenderse y de colaborar "con unos objetivos superiores" como el respeto a las normas de convivencia y la garantía de los respectos de los derechos de los ciudadanos.
Y ha recordado que incluso se llegó a poner encima de la mesa algunos gobiernos de coalición formados por PP y PSOE: "Ojalá eso se convierta cada vez en más normal y veamos ayuntamientos o comunidades autónomas donde se puede hacer pactos de Gobierno entre PP y PSOE. Sería una buena noticia de normalidad y de consolidación de nuestra democracia", ha zanjado.