El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha referido este lunes al nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, como el más idóneo para ocupar el cargo en el momento actual "con una legislatura por delante" en la que está previso reformar la ley procesal para encomendar la instrucción penal a los fiscales.
Ha defendido que el Gobierno propuso a Maza por ser un magistrado con 40 años de ejercicio, 14 de ellos en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y por apreciar sus "competencias profesionales y personales" y también tras "valorar el momento".
Durante su turno de réplica a las cuestiones planteadas en la Comisión de Justicia por varios de los portavoces en la oposición Catalá ha explicado que también el Gobierno "valoró el momento" cuando propuso a Consuelo Madrigal para el cargo en un momento especialmente complejo, a un año de concluir la legislatura tras la conclusión del mandato de Eduardo Torres-Dulce.
Ha recordado que el Gobierno "nunca ha obligado a la Fiscalía a cambiar de criterio" sobre ningún asunto y que además considera que "no se hace ningún bien" al trasmitir la idea que el Ejecutivo dice a los fiscales lo que tiene que hacer. Ha rechazado que eso haya ocurrido incluso cuando se interpuso la querella tras la consulta del 9-N en Cataluña.
PERMANENTE DIÁLOGO CON CATALUÑA
En relación con este conflicto, ha defendido que siempre ha existido un "permanente diálogo" con las instituciones catalanas, si bien el Gobierno no podía dejar de ejercer sus funciones o renunciar a sus obligaciones. "Cuando uno dice referéndum sí o sí no sé si es característico de alguien que quiere dialogar", ha manifestado.
Ante las cuestiones planteadas por el diputado de Compromís Enric Bataller, Catalá ha señalado que el Gobierno está de acuerdo con la aplicación del artículo 22 del Código Civil para otorgar la nacionalidad españolas a los saharauis que nacieron bajo dominio español de dicho territorio y que incluso se están aceptando documentos emitidos por la República Saharaui que están llegando a la Dirección Nacional de Registros y del Notariado.
Por otro lado, el ministro ha defendido que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es uno de los "grandes proyectos de la legislatura" y que requerirá un enorme esfuerzo cuadrar asuntos como las plantillas, la dotación fiscal o los plazos de implantación del nuevo sistema.
Además, ha defendido la reforma del Tribunal Constitucional que le dotado de las capacidades necesarias y la eficacia para el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. En cuando a las tasas judiciales, el ministro ha asegurado que la recaudación quedó en manos de la Agencia Tributaria y ha agregado que, probablemente, la recaudación efectuada "habrá ido a pagar colegios, centros sanitarios o los salarios de policías".