Antes de participar en unas jornadas sobre el derecho digital, el ministro ha destacado que serán las conclusiones de las diligencias que ha ordenado abrir hoy el fiscal general del estado, José Manuel Maza, a la Fiscalía catalana, que determinen si se ha producido algún delito "como parecen apuntar sus palabras".
"Lo que si deben saber los ciudadanos es que las leyes hay que cumplirlas, y muy en particular las tienen que cumplir las instituciones. La información de ayer a todos nos preocupa, poner de manifiesto que se pueda hipotéticamente estar incumpliendo obligaciones legales en materia de protección de datos de los derechos de los ciudadanos es muy preocupante", ha manifestado Catalá.
No obstante, ha precisado que por las declaraciones hechas por el juez Santiago Vidal sobre esta cuestión podría haber causa para que en materia de protección de datos se ordene la apertura de una investigación, si bien eso le corresponde a las autoridades competentes, en este caso a la Agencia Catalana de Protección de Datos.
Esta misma mañana, el Fiscal General del Estado ha ordenado abrir la investigación dado que, a su juicio, las declaraciones de Vidal, suspendido como juez de la Audiencia de Barcelona por participar en la redacción de una constitución para una Cataluña independiente, "supondrían una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos".
Vidal, que hoy ha renunciado a su acta como senador, se dirigió a los asistentes el pasado mes de noviembre en un foro celebrado en Granollers: "En este momento el Govern de la Generalitat de Catalana tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Eso es legal? Pues no, porque eso está protegido por la Ley de Protección Bases de Datos del Gobierno español".
El juez defendió ante el mismo auditorio que el Gobierno español "utiliza todas las armas, legales e ilegales" y, en este sentido, aludió a las conversaciones salidas a la luz entre el que era ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que exdirector de la Oficina Antifraude de Catalana (OAC) Daniel de Alfonso sobre buscar pruebas contra políticos independentistas.