Tras tres años de investigación, el juez José Castro ha decidido mantener la imputación de la infanta Cristina y procesarla por un delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Según Castro, la infanta se lucró de los negocios ilícitos de su marido con distintas entidades públicas, ya que los beneficios iban a parar a la empresa Aizoon, la cual comparten al 50 por ciento. Además de la infanta, el juez imputa a otras 16 personas de las 32 implicadas en la causa. Entre ellas, Iñaqui Urdangarin, al que se le imputan nueve delitos: malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y dos delitos fiscales.