Tal y como pone de manifiesto el fiscal Pedro Horrach al inicio de su escrito de impugnación, la "observancia del principio de igualdad ante la Ley inspira el presente recurso", tras lo cual asevera que la imputación a una persona de hechos que 'a priori' no presentan rasgos delictivos "supone, cuando menos, un trato discriminatorio".
Y es que el representante del Ministerio Público recoge las palabras que el magistrado ya vertió, el 5 de marzo de 2012, en el auto por el que desestimó la petición de encausamiento de la Infanta formulada por el sindicato Manos Limpias, en el que el juez apuntaba que "carecería de sentido convocar a alguien como imputado a sabiendas de que, salvo que admitiera expresamente su responsabilidad penal, se debería acto seguido sobreseer la causa en cuanto al mismo".
"Sobran más comentarios", apostilla el fiscal, quien recalca que de toda la "intensa" actividad investigadora desarrollada, únicamente ha podido extraerse el hecho "incuestionable" de que la hija del Rey Don Juan Carlos figuraba como vocal en el Instituto Nóos, de que su nombre aparecía reflejado en el folleto publicitario del mismo y de que ostentaba participaciones sociales en la mercantil Aizoon -como copropietaria al 50 por ciento junto a su marido-.
Unas indagaciones que, recuerda Horrach, se han centrado en la toma de declaración a todos los empleados de Nóos y de compañías mercantiles vinculadas a esta entidad, a asesores fiscales, contables y jurídicos; a los responsables de las distintas Administraciones que contrataron con Nóos y a funcionarios y contratados laborales de estas instituciones.
Asimismo, se han practicado comisiones rogatorias a Andorra, Luxemburgo y Suiza; se ha analizado numerosa documentación intervenida en registros judiciales en algunos casos y aportada por las partes en otros, mientras que se han realizado "exhaustivas" investigaciones patrimoniales.