El actual presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, ha afirmado este miércoles que cuando era director gerente del Canal de Isabel II en 2001 "no se pagó un euro más" por la empresa colombiana Inassa de lo que valía, intentando desvincular esta compra con la de la filial brasileña Emissao, "que no fue tan transparente, por lo que ha podido leer" y que ha día de hoy pierde 6 millones de euros.
Inassa fue comprada por unos 75 millones de dólares. EL juez del caso Lezo, Eloy Velasco, asegura en las diligencias que el expresidente regional Ignacio González "conocía los hechos de la compra fraudulenta y supuesta malversación de fondos públicos empleada en la compra de Inassa y como vicepresidente de la Comunidad y presidente del Canal no los denunció, conociendo su supuesta ilegalidad a través de un determinado informe jurídico".
"La inversión realizada por el Canal, a través de Canal Extensia, rondaría los 100 millones y el valor mercantil, según los investigados, sería muy inferior, cifrándolo en unos 30 millones. Además, Edmundo Rodríguez calificó la operación como un robo de 25 millones", añade el magistrado.
En cambio, durante su intervención en la comisión de Presupuestos y Hacienda en la Asamblea de Madrid, Canalda ha afirmado que es "absoluta y radicalmente falso" que el Canal comprara una empresa por varias veces más de lo que valía. "La Cámara está fiscalizando el Canal. Quiero terminar esta polémica porque no se puede poner en duda la honorabilidad de personas con informaciones que son inexactas y no son veraces", ha dicho.
El compareciente ha explicado que él llegó a la Gerencia del Canal en septiembre de 2001, pocas semanas antes de oficializar la compra de Inassa y después de que los técnicos del Canal llevaran ocho meses trabajando en dicha adquisición, que contó con el aval de tres informes.
El primero, el elaborado por el Canal, que valoraba a la compañía colombiana entre 87 y 101 millones de euros; otra de una firma de abogados, que la cifraba en 97 millones; y la del Grupo Roche, que la bajaba a 94. Finalmente, el Canal se hizo con Inassa porque fue la empresa que más dinero pujó.
Con respecto a las autorizaciones de compra, Canalda ha indicado que fueron "absolutamente exhaustivas" porque "todos los consejeros tomaron la decisión con toda la documentación en la mano, informes técnicos, auditorías, planificación, informes comerciales, estructuras de compra, etcétera".
Además, ha dicho que no ha habido desvío de dinero del Canal a ninguna empresa fiscal y que el Consejo de Gobierno autorizó al compra y posteriormente el endeudamento a largo plazo del Canal. También llevaba autorización del Canal y de la Asamblea.
Por otro lado, el compareciente ha explicado que desde el inicio de su funcionamiento en el 2001, la Cámara ha realizado distintos informes de fiscalización que incluyen al ente público Canal y sus entidades dependientes, y que han sido notificados a la Asamblea de Madrid y al Gobierno regional.
Estos informes analizaban empresas y entes públicos de la Comunidad, como los de 2002, 2003, 2004, 2006 y 2015; el ciclo urbano del agua en la Comunidad (2004), la actividad económica de Hispanagua (2009), y el sistema de contratación de organismos y entidades del sector público (2013, 2014 y 2015).
En la actualidad, la Cámara de Cuentas está trabajando en una fiscalización completa desde 2008 a 2015. De momento, ha desvelado que de una primer análisis se desprende que las empresas iberoamericanas del Grupo Canal tuvieron unas ganancias de 17 millones a finales de 2015, cuando la matriz del Grupo ganó 222 millones.
Por ello, Canalda ha indicado que las filiales americanas tienen "un bajo impacto" en las cuentas del Grupo. Entre ellas, ha detallado que Ancantarillo de Barranquilla ganó 14 millones, mientras que la brasileña Emissao, cuya compra está investigando el juez del caso Lezo, tiene una pérdidas actuales de 6 millones de euros, cuando fue comprada por más de 20 millones de euros.
"RELATIVAMENTE SATISFECHO"
En su segundo turno de intervención, el actual presidente de la Cámara de Cuentas ha manifestado que se encuentra "relativamente satisfecho" por la esta operación de compra, pero ha destacado que esta iniciativa "correspondía al consejero y a la Asamblea".
"Si no hacen peticiones resulta que se puede fiscalizar más. Es muy probable que si se hubiera fiscalizado mucho más en el Canal, se hubieran detectados muchas más cosas. Es evidente, de perogrullo", ha admitido.
Además, el exgerente del Canal ha asegurado que Inassa "no tiene absolutamente nada que ver con Emissao". "Es un procedimiento que deviene de una licitación internacional, en el que concurren empresas de diferentes países. La compra de Inassa se hace en base a unos informes técnicos con empresas especialistas en el mundo del agua y con la banca Roche y esa valoración es la que se tiene para presentar la oferta", ha recalcado.
A continuación, Canalda ha recordado que no está imputado ni investigado y que esta "en esta situación" por un medio de comunicación, contra el que se ha querellado por "sacar una noticia que no es cierta". "Yo lo que conocí de esa operación no me llamó la atención nada que podía ser una operación de riesgo y ninguno de los informes desaconsejaba la operación", ha dicho.
Respecto a un informe negativo a la compra aparecido en los medios y el sumario, supuestamente encargado por Cuatrocases, Arturo Canalda ha explicado que se pidió tres años después y que lo desconoce. También ha apuntado que el Canal "no desvió fondos" a Panamá, sino que lo que hizo fue comprar la totalidad de las acciones a la empresa tenedora, que está radicada en ese país centroamericano.
"La decisión estaba bien tomada con la información que teníamos en aquel entonces. Desde el punto de vista de gestor público, cuando adopté la decisión de elevar al Conejo la propuesta no tuve duda o sospecha de que allí hubiera nada raro. Llevaban los técnicos ocho meses trabajando en ese oferta y yo no la podía pararla, porque estaba bien hecha. El concurso era aparentemente una buena oportunidad en la empresa", ha concluido Canalda, que se ha comprometido a seguir informando sobre la fiscalización del Canal a petición propia.
LA POSICIÓN REPROCHA "FALTA DE CONTROL"
El diputado de Podemos, Miguel Ongil, ha criticado los "sobreprecios y mordidas" descubiertos en operaciones de filiales americanas del Canal, así como la existencia de sociedades sin ninguna actividad "que año tras años siguen dentro de toda esta red empresarial que tiene en dinero en paraísos fiscales".
Además, ha reprochado a Canalda su "falta de reacción en su mandato a la hora de fiscalizar el Canal y que había suficientes pruebas que su olfato le indicara que debían hacer algo". "Nosotros no le estamos acusando de ningún delito ni es nuestra responsabilidad, pero le estamos haciendo una reprobación política. La mujer del César no tiene que ser solo honesta, sino también parecerlo", ha añadido.
Por su parte, el socialista Juan Lobato ha hablado de los supuestos quebrantos millonarios ocurridos en los últimos años las empresas filiales americanas del Canal, por lo que han exigido responsabilidades y analizar las deficiencias por la toma de decisiones "incorrectas".
Por otro lado, la diputada de Ciudadanos Susana Solís ha criticado la "falta de control y de fiscalización" de la mayor empresa pública regional y ha recordado que cuando llegaron a la Asamblea pidieron su fiscalización completa.