Estas normas garantizan que los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la UE revelen determinada información clave sobre sus operaciones, lo que contribuye a generar en los inversores una confianza permanente y a completar la Unión de Mercados de Capitales, según ha explicado Bruselas.
La advertencia tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, y da dos meses al Gobierno para responder a las exigencias de Bruselas.
De lo contrario, el Ejecutivo comunitario podría seguir adelante con el expediente y llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
También ha advertido a Irlanda, Portugal, Rumanía y Letonia, que tampoco han cumplido con el plazo de trasladar la norma al ordenamiento jurídico nacional antes de finales de noviembre de 2015.