España y el resto de Estados miembros tenían hasta julio de 2016 para transponer las normas que exige a los Estados miembros que establezcan mecanismos eficaces de comunicación de las infracciones.
La directiva, además, contiene disposiciones para proteger a las personas que notifican este tipo de infracciones y detalla los procedimientos de protección de los denunciantes y de los denunciados, el sistema de seguimiento de las denuncias y el de protección de los datos personales.
El Ejecutivo comunitario dio un nuevo plazo hasta septiembre de 2016 para que los países incumplidores pusieran al día su legislación, pero desde entonces "no ha recibido información" de parte de España y ha decidido acudir a los tribunales.