Hacienda asumió ayer esta decisión puesto que habían transcurrido las 48 horas que el Gobierno dio a Puigdemont para que adoptase el acuerdo. Esta era una de las medidas impuestas por el Ejecutivo a la Generalitat para evitar que se realice ningún pago con fondos públicos para organizar el referéndum de independencia del uno de octubre, "en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales", según dice la orden.
El Ejecutivo ha decidido no hacer más transferencias del sistema de financiación a Cataluña (unos 1.400 millones de euros mensuales) y pagar directamente las nóminas de los funcionarios y los gastos de Educación, Sanidad y Servicios Sociales.
También instó al presidente catalán a aprobar un acuerdo de no disponibilidad para el resto de partidas presupuestarias y le dio dos días de plazo para hacerlo. De no ser así, como no ha sido, Hacienda sumiría la responsabilidad.
La orden ministerial recoge la no disponibilidad de créditos y supondrá la emisión de los correspondientes certificados de retención de crédito que garanticen el cumplimiento del acuerdo. Excepcionalmente, Hacienda podrá autorizar nuevos gastos si lo solicita la Intervención General de la Generalitat y lo justifica por razones de "urgente y extraordinaria necesidad".