El informe presentado ante la comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas muestra que el ayuntamiento pacense, junto a la diputación, declaró la baja por prescripción de más de 37.000 deudas, contraídas con la administración entre 1994 a 2005, con un importe total que asciende a 4,2 millones de euros, lo que supone una cantidad de 200.000 euros cada año que dejaron de ser ingresados.
A esta cifra cabe sumarle que la administración local cobró deudas por valor de 3'8 millones de euros que fueron ingresadas después de la finalización del periodo voluntario, por lo que se tenía que haber aplicado un 5 por ciento de recargo que nunca se exigió. En total, Badajoz dejó de recaudar 190.000 euros entre 2012 y 2015 por esta mala gestión, según los datos ofrecidos por el órgano fiscalizador.
En su comparecencia, Álvarez de Miranda ha citado los casos de Badajoz, Albacete y Santander, que cuentan con un sistema de recaudación directo, pero que no han desarrollado una ordenanza o protocolos de recaudación para regular su buena gestión. Solo Santander contaba con una normativa, si bien, esta "carecía de manuales o instrucciones relativos al procedimiento", ha destacado el informe.
MULTAS DE TRÁFICO EN ALBACETE
Igualmente, el ayuntamiento de Albacete registró deficiencias que supusieron una pérdida de 171.000 euros en recaudación de multas de tráfico. El informe arroja que 2.455 multas de tráfico y de estacionamiento de tráfico se cobraron con una reducción del 50 por ciento que no era aplicable, debido a que se abonaron después de los 20 días de plazo marcado para la reducción conocida como pronto pago.
El presidente del Tribunal de Cuentas ha señalado en su intervención que gran parte de la ineficacia se debe a la falta de personal con habilitación nacional, unas plazas que no se convocan, según Álvarez de Miranda, por la falta de entendimiento entre la administración central y las administraciones locales, por lo que estas van "detrás de las necesidades". Por ello ha llamado a concitar un "gran acuerdo" para resolver esta situación, ya que entiende que la recaudación es "clave para gestionar la vida local".
FALTA DE MEDIOS
En este sentido, el estudio muestra que 24 ayuntamientos con modelo de gestión directa o parcialmente delegada, no asignaron la función de recaudación al titular de un puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, ni habían realizado actuaciones para ejercerse transitoriamente la función de tesorería o de supervisión por funcionarios de la Diputación o Comunidad Autónoma unipersonal.
Tanto Álvarez de Miranda como los portavoces de los partidos en la comisión mixta han achacado la mala gestión a la falta de medios que sufren las administraciones locales. No cuentan, según el informe, con personal exclusivo para la gestión. No hay segregación contable, por lo que "quien cuenta, al mismo tiempo tiene que intervenir", ha apuntado el presidente, quien ha afirmado que el hecho de que una misma persona realice ambas funciones "debilita al sistema en su conjunto".
Al mismo tiempo, varios portavoces han coincidido en denunciar la falta de manuales escritos y de los necesarios protocolos sobre los procesos. La fiscalización se inició en el ejercicio 2012 y se extendió a los ejercicios 2013 y 2014, algunos exámenes de los sistemas y procedimientos ha abordado la situación de los mismos hasta 2015, cuando se desarrollaron trabajos de fiscalización.