El presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, considera imprescindible que los grupos parlamentarios demuestren "voluntad política" para hacer "justicia" con los soldados obligados a abandonar el Ejército con 45 años en virtud a una Ley "engañosa" que además "no se cumple".
Así lo expuso este miércoles ante la subcomisión creada en el Congreso para estudiar posibles mejoras que podrían introducirse en el régimen profesional de los militares de la escala de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas.
En su comparecencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Bravo expuso la situación de los soldados que no son de carrera, que deben abandonar el Ejército una vez cumplidos los 45 años según la Ley de Tropa y Marinería, "llevando a que miles de militares temporales y sus familias se encuentren en la actualidad con un grave problema".
El presidente de AUME denunció que los sucesivos gobiernos no han cumplido con la previsión legal de preparar y titular a estos militares para facilitarles una inserción laboral cuando abandonen las Fuerzas Armadas. "Trabajadores que después de todo han cumplido con su compromiso mientras que el Gobierno les ha dejado de lado, entre loas, admiración, elogios y reconocimiento a su labor", censuró.
Según recordó, el Ejército promovió el reclutamiento con el reclamo de "teóricas excelentes condiciones de trabajo, de desarrollo profesional y de reinserción laboral". Sin embargo, denunció que estas previsiones no fueron cubiertas y "no se les ha ofrecido de manera adecuada las capacidades para poder satisfacer las expectativas creadas por la propia ley".
Esta situación no sólo afecta a los militares que deben abandonar el Ejército, según apuntó Bravo, sino que además es "un grave problema" para las arcas del Estado, ya que "millones de euros" van a emplearse durante años "en un personal que no realiza labor alguna para el Ministerio de Defensa", ya que reciben una asignación de 600 euros al salir de las Fuerzas Armadas.
El presidente de AUME también rebatió el argumento de un necesario rejuvenecimiento para garantizar la operatividad del Ejército. Según recordó, todo militar durante su vida en activo está sometido a exhaustivos reconocimientos médicos. Pero además, apuntó que el límite de 45 años no se establece en otros cuerpos como la Policía o los Bomberos.
LEY INTEGRAL DE PERSONAL
Por todo ello, la asociación propone como solución una Ley integral de personal "para todos los miembros de las Fuerzas Armadas que pueda hacer partícipes a todos sus integrantes de una auténtica carrera profesional".
Y como medidas transitorias defiende que sería necesario ampliar las plantillas de puestos de 'permanente', activar los reservistas de Especial Disponibilidad (RED), facilitar los procesos de promoción, ascenso y acceso a una relación de servicios de carácter permanente y obtener la condición de militar de carrera o facilitar la consecución de títulos.
También pide que se permita a los soldados dedicar en exclusiva sus dos últimos años de compromiso para la obtención de titulaciones y preparación para la reinserción en el mundo laboral, que se reduzcan los plazos mínimos para la situación de excedencia por interés particular y se publiquen las vacantes de los puestos actualmente no ocupados en las plantillas de personal civil.
COLABORACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL Y LA SOCIEDAD
Bravo defendió ante los grupos parlamentarios que todas estas iniciativas deben configurarse en el seno de una Estrategia de Reclutamiento y Empleo, "transversal, trazada con la colaboración y participación de representantes de la Administración y de la sociedad civil organizada".
"Hay que huir del actual modelo, descoordinado, ineficaz, y que no ha puesto a la persona en el centro del sistema. Las acciones aisladas, sin conexión, sin coordinación y sin evaluación, se han demostrado incapaces de lograr los diversos objetivos que no son excluyentes sino absolutamente conectados y con necesidad de trabajar en una única realidad sincronizada", avisó.