En un auto, Lamela acepta la inhibición del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona que dos días después de los disturbios envió a prisión a los tres detenidos y les imputó delitos de desorden público y terrorismo.
La magistrada de la Audiencia Nacional precisa que los hechos podrían constituir delito de terrorismo y aclara que los acusados llevaron a cabo esta protesta "con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública".
En el auto la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 constata que un grupo que portaba sacos con piedras y material pirotécnico así como capuchas para dificultar su identificación se trasladó desde Rentería (Guipúzcoa) hasta Pamplona para participar en la protesta. Entre ellos se encontraban los tres investigados A.P.B., R.I.B. y E.E.M.
Durante la manifestación se lanzaron "múltiples piedras" contra la policía así como botellas tras formar barricadas con contenedores volcados, lo que provocó heridas a varios agentes y diversos daños materiales, según recoge el auto, contra el que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.
En el transcurso de los incidentes y tras arrastrar un contenedor de vidrio volcado hasta la plaza de Navarrería y arrojar por la calle con el mismo nombre otro contenedor ardiendo, fueron detenidos los tres investigados abalanzándose uno de ellos contra los agentes cuando intentaban detenerle. Los otros dos intentaron huir pero fueron detenidos más tarde.