En un auto, el magistrado admite parcialmente las querellas interpuestas por Dingidad y Justicia (DyJ), la Fundación Luis Portero y otras víctimas y pide a los Servicios de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que informen "a la mayor brevedad posible" de las causas abiertas relacionadas con asesinatos o secuestros cometidos por la banda desde el 1 de octubre de 2004, fecha en la que el delito de lesa humanidad fue incorporado al Código Penal.
El juez, que también solicita que los "integrantes de los órganos directivos de ETA" desde esa fecha sean identificados, señala que la actividad de la banda estaba dirigida contra colectivos que fueron perseguidos por "razones políticas e ideológicas" y que se buscó su "eliminación o expulsión del territorio mediante la coacción y el terror".