Tras conocer la sentencia contra los 65 acusados en esta causa, todos ellos condenados a penas de cárcel que van desde los tres meses hasta los seis años por delito continuado de apropiación indebida por el uso personal que hicieron de las tarjetas opacas al fisco, tanto el Ministerio Público como la CIC pidieron la convocatoria de la vistilla --regulada en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)--. Mientras que Anticorrupción únicamente la pidió para Blesa, la acusación popular la solicitó para ambos.
Estas medidas se solicitan a la espera de que la sentencia sea firme --ya que cabe recurso contra la misma ante el Tribunal Supremo-- y pueden ir desde comparecencias judiciales hasta retirada de pasaporte, prisión eludible con fianza y prisión incondicional.
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