La asociación Unión Progresista de Letrados de Administración de Justicia (UPSJ) ha lamentado que desde que se pusieron en marcha el pasado mes de junio los juzgados especializados en cláusulas suelo el tiempo de respuesta a los demandantes no ha mejorado, sino que ha llegado a producir un "absoluto desastre".
El pasado mes de febrero, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia idearon el plan de especializar juzgados de forma provincial para atender todas el previsible aumento de litigios sobre cláusulas suelo como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.
La UPSJ recuerda en un comunicado que desde que se tuvo conocimiento de los planes sobre la especialización y concentración en determinados juzgados estos asuntos ya plantearon "públicamente" sus dudas al respecto y destaca que ante de la entrada en vigor del plan los juzgados de primera instancia y mixtos "sacaban adelante los procedimientos de cláusulas suelo en plazos muy razonables y se cobraba por parte de los afectados también en plazos muy razonables".
"ARDUO TRABAJO" Y "OSCURANTISMO" DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
En este sentido, afirman que tras un "arduo trabajo" y el "oscurantismo" del Ministerio de Justicia, han comprobado que en las principales ciudades con mayor población de España, como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Sevilla, hay "torretas y torretas" de demandas, como mínimo unas 20.000, sin incoar. En el trámite ordinario, "si no se hubieran creados los juzgados bis, dichas demandas estarían mayoritariamente incoadas", aseguran.
"Más que encontrar una solución al problema de las cláusulas suelo se ha creado un problema mayor y ahora tenemos la absoluta certeza, que se está produciendo un absoluto desastre", recalca el comunicado. "Era evidente que había que hacer frente a la avalancha de demandas por venir, pero no era necesario crear el caos actual", subraya la asociación de los anteriormente denominados secretarios judiciales.
Además, destaca que esta situación ha sido denunciada tanto al Ministerio que dirige Rafael Catalá, como al Congreso de los Diputados en la Comisión de Justicia. La asociación indica que no hay suficientes medios materiales y personales en los juzgados, que existe una discriminación salarial en comparación a los jueces y funcionarios; a lo que hay que sumar que los particulares tengan que "desplazare a la capital de provincia".