La vista de este macrojuicio, que lleva investigándose más de diez años, ha arrancado en la Audiencia de Valencia una hora más tarde de lo previsto ante la ausencia de un letrado. La jornada se ha destinado a cuestiones previas, mientras que las declaraciones de los 35 acusados -inicialmente había 38, pero uno ha fallecido y contra dos se sobreseyó la causa-- comenzarán a partir del 13 de abril.
Tras solicitar el fiscal la incorporación de nueva jurisprudencia a la causa y oponerse las defensas, le ha llegado el turno a los abogados del parque, quienes ejercen de acusación y defensa. Esta parte ha centrado su intervención en solicitar la prescripción del delito fiscal por el pago del IVA en el año 2000, requerimiento al que después se han adherido el resto de las defensas.
El delito fiscal prescribía en el momento de los hechos a los cinco años de haberse cometido, tal y como contemplaba el Código Penal. De esta forma, según mantienen tanto los abogados del parque como de los acusados, el plazo de prescripción del delito comenzaría a contar el 31 de enero de 2001 --el presunto fraude se cometió con el IVA del año 2000-- y concluiría el 31 de enero de 2006.
El caso se archivó en enero de 2006 puesto que Hacienda no había dado trámite a los acusados antes de formular su denuncia en Fiscalía a finales de 2005, y en junio del mismo ejercicio el juzgado decidió reabrir las actuaciones tras haber completado la Agencia Tributaria el trámite requerido y al ver que seguían en vigente los supuestos delitos cometidos.
Sin embargo, cuando el procedimiento fue abierto, según mantienen estas defensas, el delito fiscal del IVA del año 2000 ya había prescrito hacía cinco meses, en enero de 2006. Pero no para Fiscalía y la Abogacía del Estado, quienes mantienen que el posible delito se consuma cuando se materializa el pago del IVA por parte de los acusados o de Hacienda, que fue en julio de 2001, con lo que su prescripción sería en julio de 2006.