Según informan fuentes de la acusación, se ha pospuesto esta declaración para el 26 de junio a petición de las personas citadas que no han podido acudir por problemas de agenda. Algunos de los testigos, como es el caso del periodista Javier Espinosa, se encuentran fuera de España, según las citadas fuentes.
La querella que dio pie a esta investigación fue cursada por Amal Hag-Hamdo Anfalis, la hermana de la víctima. El juez entiende que sí tiene competencia para estudiar el caso porque ella tenía nacionalidad española en el momento en que se cometieron los hechos.
En el auto en el que admitía su competencia para investigar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que los hechos denunciados podrían ser susceptibles de delito de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, terrorismo y desaparición forzada.
Tras admitir la querella el pasado mes de febrero, el juez pidió que se notificara la misma, interpuesta por el equipo de abogados internacionales de G37, a los nueve miembros de las fuerzas de seguridad y de la inteligencia sirias a través de comisión rogatoria al país árabe.
QUERELLA PIONERA POR TERRORISMO EN SIRIA
Esta querella constituye la primera acción penal de justicia transnacional ante tribunales europeos para enjuiciar a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado sirio. En el escrito acusaban al Estado sirio, liderado por el presidente Bashar al Asad, de cometer a través de sus fuerzas de seguridad e inteligencia delitos de terrorismo contra la población civil.
En su resolución, el magistrado también interesaba de Eurojust que proceda a averiguar si existen denuncias en otros países de la Unión Europea que investiguen desapariciones forzadas, torturas, crímenes de guerra, terrorismo y delitos de lesa humanidad realizados por estructuras o personas pertenecientes a la Administración de Siria.