El Gobierno ha asegurado que no apoyó en el Consorcio del Palau que se ampliase a Convergència (CDC) la acusación por el caso de las comisiones ilegales del 3% porque fue desaconsejado por los servicios jurídicos y porque vieron que era una "batalla política" entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generaliatt, y dentro del Gobierno catalán, entre PDeCAT y ERC.
Así ha respondido el ministro Portavoz y titular de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, al ser preguntado en el Congreso por el portavoz de En Comú, Xavier Domènech, quien vinculó esta decisión con la aprobación del decreto ley de la reforma del sector de estibadores y el anuncio de que el PDeCAT, el partido heredero de CDC, no se iba a oponer a su convalidación.
El Consorcio del Palau de la Música se reunió el pasado viernes para decidir, entre otras cosas, si dicha institución se personaba contra CDC por recibir 6,6 millones de euros en comisiones ilegales en el denominado 'Caso 3%'. Pero mientras los representantes de la Generalitat delegaron su voto, los del Ministerio de Cultura ni asistieron ni delegaron, lo que provocó que el Govern derrotara a los dos representantes del Ayuntamiento de Barcelona, que sí votaron a favor de personarse en la acusación contra CDC.
MOTIVOS TÉCNICOS, NO POLÍTICOS
En la sesión de control de este miércoles, Domènech pidió explicaciones a Cultura por esa ausencia y Méndez de Vigo la justificó por motivos "técnicos", dado que los informe jurídicos lo desaconsejaron.
Según ha relatado, la Fundación el Palau acordó en 2012 por unanimidad personarse como acusación particular contra los dos responsables acusados de cobrar comisiones, Félix Millet y Jordi Montull, y como éstos acabaron pactando con la Fiscalía a cambio de acusar a la antigua Convergencia, el Ayuntamiento de Barcelona pidió ampliar la acusación a CDC por tráfico de influencias.
El Gobierno añade que los dos informes jurídicos que se solicitaron para tomar una decisión al respecto, uno de los abogados del Palau y otro a un penalista, coincidieron en desaconsejar la propuesta del equipo municipal de Ada Colau alegando que "una mutación de la acusación no sería admisible por motivos de indefensión", que "la acción civil encuentra más impedimentos para su modificación", y que "una eventual adhesión a la posición del fiscal no sirve a los fines de resarcimiento".
Domènech considera "sorprendente" que el Gobierno central del PP y el de la Generalitat de Junts pel Sí tengan la misma posición sobre por qué no hay que personarse en la causa para recuperar ese dinero. "No pensé que defenderían exactamente el mismo criterio", ha comentado.
SUENA A OMERTÁ
En todo caso, ha insistido en conocer los motivos de la ausencia de los representantes de Cultura en la reunión del consorcio del Palau y ha aventurado que podría estar relacionado con el voto del PDeCAT ante el decreto ley de la estiba.
"El partido con más causas de corrupción de toda Europa, ahora se ocupa de las de otros y encima mercadea con la corrupción --ha afirmado--. Y eso se llama pacto de silencio, 'omertá'. Y su silencio hace más clara la visión: Han coadyuvado para que el Palau no se persone y parece que a cambio de esa ayuda van a aprobar el decreto de la estiba".
Méndez de Vigo considera que esa teoría es fruto de "una imaginación fértil" porque, según ha reiterado, Cultura no apoyó la acusación contra CDC por atender la posición de los informes jurídicos.
Y si no acudió a la reunión del viernes, ha añadido, fue porque en el orden del día no se hablaba de una toma de decisión, sino de un debate, pero también porque el Ejecutivo considera que esta polémica responde a "una guerra entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad, y dentro de la Generalidad, entre el PDeCAT y ERC".
"Y nosotros no queremos meternos en esas batallas políticas --ha agregado--. Nos interesan los intereses generales, no las próximas autonómicas Por eso no fuimos, para no hacerles el juego".