A través de un comunicado, la organización se ha dirigido a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para pedirle que se reconozca "la legitimidad de las reivindicaciones de la PAH", y que no ser restrinja el derecho de liberta de expresión y manifestación pública.
Ha reclamado que se aclare la veracidad de la restricción de la orden ministerial de no permitir concentraciones a menos de 300 metros de la residencia de los políticos de forma generalizada porque "en el caso de que este orden se haya producido, la medida sería desproporcionada".
También ha pedido que se "emprendan acciones efectivas" para que las medidas administrativas y sancionadoras no repercutan en el derecho a participar en manifestaciones.
Además, ha considerado que la protesta social "es un derecho inalienable", y ha apelado al derecho internacional para defender la libertad de expresión.