Las facturas se han encontrado en la empresa pública Iniciativas Públicas de Gandia (IPG) y según fuentes del gobierno municipal, el secretario y el interventor han certificado que no fueron entregadas a la Guardia Civil cuando registró el Ayuntamiento de Gandia en el marco de la investigación del caso Púnica.
La alcaldesa Diana Morant ha denunciado que el exalcalde Arturo Torró "ocultó" estas facturas al juez Velasco, entre ellas una de 120.000 euros poco antes de las elecciones autonómicas y varias pagadas poco después de las elecciones de mayo.