El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado en el Congreso una reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo en la que se exigirá el consentimiento paterno en relación a las menores. Al mismo tiempo, el titular ha avanzado una nueva regulación en la ley del Menor, por la que se unificará la investigación y el enjuiciamiento en casos de delito grave así como la introducción de tasas judicales a partir de la segunda instancia para reducir la litigiosidad y evitar "abusos".
En su primera comparecencia en el cargo en la Comisión de Justicia, Gallardón ha indicado que en la reforma de la ley de marzo de 2010 de interrupción voluntaria del embarazo también se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional.
"Se trata de la reforma legislativa parcial más importante. Que no les sorprenda que la anuncie yo porque la trataremos en esta comisión. Fue aprobada sin el consenso de los órganos consultivos. Nos inspiraremos en la doctrina defendida en el Tribunal Constitucional y por supuesto principios anunciados por nuestro partido estarán incluidos en esta reforma", ha agregado.
Nueva ley del Menor
Asimismo, ha avanzado la introducción de una nueva regulación en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, por la cual se unificará la investigación y el enjuiciamiento, en los casos de delito grave en los que estén implicados mayores y menores, sin que esto suponga una merma de los derechos del menor.
"Creo que hay una sensación de que la ley orgánica no da respuesta suficiente a los problemas que se plantean en nuestra sociedad", ha puntualizado.
Tasas judiciales en segunda instancia
Además, el ministro de Justicia ha anunciado la introducción de tasas judicales a partir de la segunda instancia, como medida para reducir la litigiosidad, evitar "abusos" y mejorar el uso de los recursos disponibles.
"Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", ha explicado el ministro, para añadir que dicha tasa se reintegrará si el recurso prospera.
Estarán exentos de pago las personas que acrediten falta de recursos, y este mismo control se aplicará al modelo de justicia gratuita, ya que se exigirá la acreditación de falta de recursos para poder disponer de abogado de oficio, según anunció Ruiz-Gallardón.
También en caso de recurrir la primera resolución que se obtenga, se revisará de nuevo la situación económica del solicitante para poder seguir haciendo uso de la justicia gratuita en los recursos.