El jurado ha considerado que existen indicios, pero no pruebas para condenar al exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), Ricardo García Becerril; el exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés, Carlos Esco, y el dueño de los terrenos del kartódromo, Santiago Becerril.
Esta causa, investigada por la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Aragón, ha sido instruida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza.
El Ministerio Fiscal, representado por Javier Checa; el Gobierno de Aragón y Plaza pidieron entre 10 y 11 años de cárcel para García Becerril y Esco por malversación de caudales y cohecho, y de entre un año y medio y dos años y medio para Santiago Becerril por cohecho, como cooperador necesario, con la atenuante de confesión. La Fiscalía rebajó la cantidad solicitada por responsabilidad civil para García Becerril y Esco, de 4.004.895 a 661.110 euros.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia del exgerente de Plaza, Jesús Andreu, por el presunto pago de la comisión de 661.110 euros a García Becerril en la operación de compra-venta de los terrenos del antiguo kartódromo durante el proceso de ampliación de la plataforma logística.
Del 13 al 20 de marzo se han sentado en el banquillo el que fuera primer gerente de la sociedad pública, Ricardo García Becerril, y el exconsejero delegado de Plaza, Carlos Esco, que también fue viceconsejero de Obras Públicas del Gobierno regional de Marcelino Iglesias, por malversación y cohecho, y el empresario Santiago Becerril, propietario del kartódromo, por cohecho.
Durante la vista oral, las acusaciones señalaron que los terrenos del kartódromo podrían haber sido expropiados, con lo que el coste para Plaza hubiera sido mucho menor, pero los testigos de las defensas, entre ellos el exconsejero del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, han considerado que el precio no hubiera sido muy distinto y que era más oportuno realizar la compra directa y no expropiarlos.
"Legalmente, yo creo que no cabía la expropiación", dijo Velasco en su declaración judicial, argumentando que los terrenos del kartódromo no formaban parte del proyecto supramunicipal y que llevar a cabo esta actuación hubiera retrasado los plazos al menos un año, en una etapa en la que "nos estaban diciendo que Zaragoza podría soportar un área comercial grande, pero no muchas más".
En su declaración, Jesús Andreu señaló que el kartódromo "era perfectamente expropiable" porque así lo permite la legislación, que regula un procedimiento "con derechos y garantías" y es "habitual" en las Administraciones públicas, subrayando que se protegen los intereses públicos y de los particulares.
"Se podía haber iniciado el procedimiento expropiatorio", aseveró Andreu, quien expresó que para valorar los terrenos no se llevó a cabo ningún informe interno ni tasación externa que justificaran el sobrecoste, de forma que la valoración económica "no estaba bien soportada".
El empresario Santiago Becerril declaró en sede judicial que pagó la comisión a García Becerril, de ahí la atenuante de confesión que había sido aceptada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones del Gobierno regional y Plaza.