En una providencia fechada el 20 de septiembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza acuerda que se libre oficio a un total de ocho compañías de telefonía y productos multimedia para que, entre otros asuntos, especifiquen "quién contrató los servicios premium de los teléfonos" que usaban estos cargos públicos y cómo se contrataron.
El Juzgado accede así a lo interesado por el Ayuntamiento de Castril, personado como acusación particular en la causa, el cual argumenta que Ródenas y este edil se han amparado en que "sufrieron una estafa" por parte de una compañía, si bien la contratación de esta clase de servicios se extendió a otras empresas, según se desprende del informe elaborado al efecto por la Guardia Civil.
Así, la jueza ha requerido a estas compañías que informen sobre si durante el periodo de diciembre de 2008 a enero de 2011 Ródenas y este edil "enviaron mensajes o llamadas con el fin de cancelar las contrataciones efectuadas a ellas", especificando en caso afirmativo "qué usuario lo hizo, en qué fecha y el resultado de tal requerimiento".
También, que si durante este mismo periodo, o en fechas posteriores, enviaron mensajes o llamadas con el fin de reclamar las cantidades facturadas.
El Juzgado también solicita al Ayuntamiento, ahora gobernado por Nuevo Castril, que informe si ha realizado gestiones para recuperar las cantidades abonadas por los servicios premium de estas líneas.
La Fiscalía ya se ha pronunciado sobre este caso, solicitando el sobreseimiento y archivo al entender que el gasto en las llamadas pudo deberse a una estafa a la línea del Ayuntamiento y que no existe "base probatoria suficiente" para llevarlos a juicio, mientras que el Ayuntamiento acusa a Ródenas y a este edil de un delito de malversación de fondos públicos e interesa la apertura de juicio oral.