Según informa la Abogacía consejo en una nota, considerar el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita "como un bien de mercado" aplicándole el IVA pone en peligro un sistema de naturaleza pública y obligatoria que garantiza el acceso universal a la Justicia en España desde hace décadas.
Además denuncian que emitir una factura con IVA a los beneficiarios de un servicio público, que el Estado presta a través de los Colegios de Abogados a aquellos que carecen de recursos para defender sus derechos, puede ser fácilmente percibido por el ciudadano como un trato escasamente digno.
La Abogacía solicita al Gobierno que "se busque urgentemente" una fórmula que permita suspender de forma inmediata la aplicación del nuevo criterio de la Dirección General de Tributos, a su juicio contrario a la legalidad vigente y que afecta a un servicio esencial para el mantenimiento del Estado de Derecho.
La semana pasada el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió en el Congreso de los Diputados que ni los profesionales que prestan el turno de oficio ni los beneficiarios del mismo costearían el pago del IVA en referencia a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea que establece que la prestación de este servicio en Bélgica sí está sujeto a este impuesto.