En un comunicado, asegura que las acciones policiales vulneran "de manera flagrante" la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo que respecta a las entradas y registros, y añade que el acceso de la Guardia Civil a despachos de abogados viola el secreto profesional.
El Consejo, que agrupa a los decanos de los 14 colegios de abogados catalanes, ha exigido la constitución de una mesa de diálogo entre el Gobierno español y el de la Generalitat.
Insiste en que la función de la abogacía es garantizar los derechos y las libertades mediante la defensa, y critica que defender la legalidad no puede significar la vulneración de leyes ni "acción represora" por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad.
El Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) ya ha condenado este mismo miércoles individualmente los registros "indiscriminados y aleatorios" en diferentes despachos de abogados y domicilios particulares, que se suman a los que se están llevando a cabo en edificios públicos de la Generalitat.