El Govern interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el mismo TSJC que lo desestimó, por lo que llevó el caso al Supremo, que mantiene el posicionamiento del tribunal catalán, el cual instaba a la Consejería a adoptar "cuantas medidas sean necesarias para adaptar el sistema de enseñanza lingüística, en cuanto afecte a los hijos del recurrente, a la nueva situación creada por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional (TC)".
En el fallo, el TS recuerda que el auto del TSJC da la razón a los recurrentes, si bien no en todo lo solicitado, puesto que no hace referencia a la proporción y equilibrio que debe haber entre catalán y castellano, mientras que los padres pedían para su hijo y sus compañeros "una enseñanza conjunta de las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios entre ellas".