Así lo ha señalado la institución en un comunicado en el que se refiere a una información publicada por el diario 'El País' según la cual el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo González Soler, ha expuesto en un informe la posibilidad de que haya indicios de delito en la contabilidad de varios partidos políticos de 2012.
Según señala la Fiscalía, se trata de un documento interno derivado del informe de fiscalización que realizó en su día el Tribunal de Cuentas y que su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, ya presentó ante el Parlamento.
Tiene que opinar el autor de la auditoría
En ese sentido, subraya que, cuando la Fiscalía del Tribunal de Cuentas advierte la existencia de hechos de los que, en su opinión, se pudieran derivar responsabilidades de cualquier clase, los pone en conocimiento del Departamento o Unidad fiscalizadora correspondiente, iniciándose así un procedimiento interno que culmina adoptando la decisión que resulte procedente en cada caso.
Recuerda también que, "en no pocas ocasiones el referido escrito de la Fiscalía da lugar a que, por parte del Departamento o Unidad a que se dirige, se realicen aclaraciones o se completen las actuaciones fiscalizadoras, cuyos resultados son comunicados oportunamente a la Fiscalía, la cual, a la vista de los mismos, debe adoptar la decisión que considere adecuada".
En ese proceso se halla el escrito del fiscal sobre el caso del informe de fiscalización de los partidos de 2012, por lo que "todavía no se ha adoptado decisión definitiva alguna". "Es, por tanto, la publicada una noticia prematura", subraya.
Queda información por recibir
En ese sentido, precisa que, antes de tomarse una decisión, la Fiscalía debe valorar la respuesta que emita la Unidad que fiscalizó las cuentas de los partidos, "en la que se amplía la información contenida en el Informe de Fiscalización y se proporcionan explicaciones complementarias sobre la licitud de los hechos que la Fiscalía consideró, con carácter preliminar, que podían tener relevancia penal".
Y añade que, entre esa información pendiente, "cabe destacar la que guarda relación con el alcance de la obligación legal que, en el ejercicio 2012, pesaba sobre las formaciones políticas de consolidar en las cuentas anuales las de su organización local".
Señala a PP y PSOE por pagar gastos electorales a través de cuentas no adecuadas
El Tribunal de Cuentas ha señalado que el PP y el PSOE pagaron gastos electorales en la campaña de las europeas de 2014 con cargo a cuentas bancarias distintas de la utilizada para ese proceso electoral, lo que implica un incumplimiento puntual de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Así se señala en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la actividad económica de los partidos políticos en la campaña electoral de las europeas de mayo de 2014.
Ante un proceso electoral, la ley obliga a los partidos a abrir una cuenta bancaria específica para costear los gastos de campaña. Sin embargo, el PP abonó 28.126,76 euros a sus proveedores desde cuentas ajenas a la 'oficial' de los comicios europeos.
Por un lado, se trata de 3.448,26 euros gastados en campaña por representantes del partido en corporaciones municipales, lo que según el Tribunal de Cuentas debía computarse como gasto electoral, y otros 24.678,5 euros que el partido no declaró en su momento como gasto electoral.
Pagos en efectivo por 100.000 euros
El órgano fiscalizador aprecia además pequeños pagos en efectivo por un importe global de 57.268,27 euros. El PP alega que ese dinero salió de sus cuentas electorales, pero el Tribunal de Cuentas, aunque ha verificado tal extremo, señala que el procedimiento seguido incumple la legislación.
En el caso del PSOE, esos pagos en efectivo sumaron 39.759,11 euros, que también salieron de sus cuentas electorales. Los socialistas alegan que se trata de una "cuenta transitoria pendiente de justificar que se nutre de la cuenta corriente electoral y que se usa para pagar pequeños gastos", pero el Tribunal mantienen que no se ajusta a la legalidad.
El partido que lidera Pedro Sánchez también tiene en cuestión una factura de 2.536 euros que no consta en su contabilidad de la campaña electoral y que fue revelada por el propio proveedor contratante. El Tribunal de Cuentas ha confirmado que se trata de un gasto electoral y lo ha computado como pago ajeno a la cuentas adecuada.
Pese a las deficiencias, el Tribunal de Cuentas que preside Ramón Álvarez de Miranda no considera que haya motivo suficiente para proponer rebaja alguna de las subvenciones electorales que corresponden a los dos grandes partidos.
Ve "deficiencias" e "incoherencias" en las cuentas de Podemos
En el informe, remitido a las Cortes, el organismo fiscalizador señala que la contabilidad electoral rendida por Podemos presenta "incoherencias" formales en los estados financieros, existiendo un "descuadre" entre los recursos declarados y los gastos electorales contraídos.
En concreto cita que Podemos declaró haber recibido aportaciones para el proceso electoral por valor de 114.365,75 euros, que se corresponden con múltiples pequeños ingresos procedentes de personas físicas y jurídicas que el partido gestionó en su mayor parte a través de una plataforma de financiación colectiva o 'crowdfunding'.
De ese total, el Tribunal de Cuentas indica que existen 57 ingresos, por un importe de 886,12 euros, que incumplen completamente la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) por no contemplar ninguno de los requisitos de identificación que la norma requiere (nombre, DNI y domicilio).
El Tribunal de Cuentas resume que Podemos rindió cuentas en el plazo establecido, que aportó la documentación debidamente formalizada y que no se excedió en el límite de gastos electorales, en los gastos de publicidad exterior ni en los de prensa y radio.
Concluye que, con independencia de los gastos que no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales y sin perjuicio de las "deficiencias" ya reseñadas, el Tribunal estima que no procede reducir a Podemos la subvención electoral que le corresponde percibir.
Podemos se estrenó en las elecciones europeas de mayo de 2014 logrando cinco escaños y hasta ahora sus cuentas no habían sido examinadas por el Tribunal, que anualmente fiscaliza a las formaciones políticas con representación parlamentaria.