Así lo ha informado este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha señalado que el embajador fue convocado justo antes de que se iniciara el procedimiento por el que se van a investigar sus actividades.
La 'número dos' del Gobierno ha destacado que esta "manera inmediata de actuar" en este caso, el mismo día en que se publicaron las informaciones sobre las presuntas actividades de Arístegui y del candidato del PP por Segovia Pedro Gómez de la Serna, ha sido posible gracias a la aprobación de dos leyes durante la legislatura que acaba de terminar como son la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo y la Ley de Transparencia.
"Con ambas, la Oficina de Conflicto de Intereses tiene la capacidad de actuar de oficio e inmediatamente tan pronto como tenga noticia de cualquier forma de un posible o supuesto incumplimiento de las leyes. Hemos cambiado las leyes en este Gobierno para que esto sea así y sea posible", ha afirmado.
Según la vicepresidenta, "en cuanto hay información que puede suponer un incumplimiento de estas leyes, inmediatamente la Oficina de Conflicto de Intereses abre un procedimiento al respecto y así se ha realizado" en el caso del embajador Arístegui.
Además, ha recordado que los altos cargos, incluidos los embajadores, deben presentar su declaración de bienes al inicio y al final de su mandato y que la Oficina de Conflicto de Intereses lo analiza para comprobar si las posesiones son consecuentes con los ingresos.
Por todo ello, Sáenz de Santamaría considera que las dos normas aprobadas "fortalecen mucho la capacidad que tiene la propia Administración de depurar posibles responsabilidades que pudieran producirse".