El expresidente de la Diputación de Castellón, de nuevo en los juzgados, esta vez por las corridas de toro de la beneficencia. Tres horas ha estado ante el juez que investiga si la diputación pagó festejos taurinos con dinero para subvenciones, obras y servicios de pequeños ayuntamientos. El expresidente niega que se impusiera a los ayuntamientos durante años financiar el coste anual de 200.000 euros de las corridas y que como dice el fiscal se les descontara de otras partidas. Fabra está imputado por fraude y prevaricación.