En un informe sobre la corrupción en España, Bruselas pide una auditoría externa anual para cada formación política y que publiquen 'on line' su cuenta de resultados, incluidos los préstamos, al tiempo que recomienda "prestar mayor atención a la supervisión de los riesgos asociados a las donaciones procedentes de empresas que tengan contratos con el Estado".
El documento, de 16 páginas, repasa las reformas emprendidas en los últimos años por el Gobierno, como, por ejemplo, la Ley de Transparencia que considera un "importante paso adelante", pero insuficiente porque no cuenta con "garantías suficientes para la independencia" de su mecanismo de control.
También se hace eco, aunque sin nombrarlos explícitamente, de alguno de los casos más sonados en España, como la investigación que afecta "a un extesorero de un partido político y casi 90 destacados políticos, empresarios y banqueros acusados de prácticas corruptas", en referencia al llamado 'caso Bárcenas'.
Otro de los principales problemas que señala el Ejecutivo comunitario en la lucha contra la corrupción en España figura la eficacia "insuficiente" de los "controles y equilibrios" en el gasto público a nivel regional y local. "Las amplias competencias atribuidas (a las regiones y municipios) no se corresponden de manera equilibrada con una rendición de cuentas adecuada", indica el texto.
Además, apunta el "alto riesgo" de corruptelas en los sectores de la construcción y en la recogida de basuras de acuerdo al alto número de investigaciones iniciadas en estos sectores por irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
Según los datos de Eurobarómetros recientes, el 95% de los españoles cree que la corrupción es un problema "muy extendido" en su país, frente a la media del 76% en el conjunto de la UE, y el 63 % de los españoles (la media más alta de toda la UE) cree que la corrupción le ha afectado personalmente en su vida cotidiana.
La corrupción cuesta 120.000 millones al año
En la presentación de su primer informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea, con conclusiones para todos los Estados miembros, la comisaria de Interior, Cecilia Malmstrom, ha alertado de que las prácticas corruptas tienen un coste de "120.000 millones de euros cada año" para la Unión europea y ha lamentado que, si bien muchos de los Estados miembros tienen leyes específicas para luchar contra estos delitos, no siempre las aplican.
"Las instituciones (de vigilancia) están ahí, pero no siempre funcionan", ha dicho la comisaria en una rueda de prensa en Bruselas, en la que también ha indicado que la crisis económica parece haber "impulsado" los casos de corrupción en la UE, sobre todo a escala regional y local, pero ha advertido de que no existen datos específicos por ser este el primer análisis que se realiza.