La Comisión Europea ha decidido que España tiene que devolver las bonificaciones fiscales que cobró por construir barcos. Lo tendrá que hacer desde 2007 y no desde 2005, tal y como estaba previsto en un principio. La patronal y los sindicatos cree que esto supondrá un duro golpe para el sector ya que se destruirán casi 90.000 puestos de trabajo. El gobierno ya estudia recurrir ante el Tribunal de Justicia Europeo