Un representante de Chapman Freeborn en España, Sergio Núñez Cabo, quien negociaba con el Ejército español los vuelos que realizaban en 2003 los militares destinados a misiones internacionales, ha afirmado en el juicio civil por el siniestro del Yak-42, que la empresa se limitaba a realizar "una labor operacional para la contratación de aviones" y no llevaba a cabo comprobaciones in situ sobre la capacidad técnica de los aparatos.
El testigo ha declarado ante la juez que, no sólo no inspeccionaban in situ los aviones, sino que tampoco tenían un conocimiento preciso sobre la tripulación. De hecho, Chapman desconocía que el ingeniero de vuelo tenía el certificado médico caducado, aunque este documento es obligatorio para poder formar parte de la tripulación de un aparato.
Núñez ha indicado que el Ejército español tenía "problemas" para conseguir que las compañías nacionales de aviación civil realizaran los vuelos, por las insoslayables dificultades que conlleva realizar operaciones aéreas en zonas de guerra, como es el caso de Afganistán.
Un vuelo civil
Núñez ha dicho también que el vuelo del Yak 42 era "civil" y ha precisado que "nadie daba instrucciones" a la tripulación sobre cómo realizar el vuelo. Del mismo modo, tres de los cuatro oficiales del Ejército que han comparecido esta mañana ante la magistrada han reconocido que el vuelo era expresamente civil y no militar.
El teniente general Juan Luis Ibarreta, quien en 2003 era general de División, ha expresado que "el vuelo se consideraba civil" por "las circunstancias, el avión y el tipo de vuelo", que no formaba parte estrictamente de la operación. Además, "ningún miembro de las Fuerzas Armadas decidió sobre la realización del vuelo", no dio órdenes a la tripulación.