En un comunicado, Antoñanzas recuerda que el Gobierno introdujo modificaciones en el plan en el año 2013 y asegura que ello supuso un endurecimiento del acceso a esta ayuda.
Por ello, reclama que se recuperen los criterios de acceso existentes antes de entrar en vigor dichas modificaciones y pide además que se duplique la dotación de las políticas activas de empleo, y que se reorienten los recursos, ya que ahora se destinan 3.700 millones de euros a bonificar la contratación de las empresas, "una política muy costosa e ineficaz".
"En su lugar, es preciso implantar como un derecho el tratamiento personalizado de los desempleados a través de la orientación e intermediación públicas y la formación", apostilla.