Los agentes del Instituto Armado tienen orden de intervenir ordenadores y facturas así como otra documentación relacionada con la causa.La sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) permanece cerrada a cal y canto durante el registro que la Guardia Civil está realizando.
En la calle se agrupa gente que grita "Que canten ahora" y "No hay pan para tanto chorizo", informa Malena Guerra. Por ahora, la Guardia Civil ha dejado salir a los trabajadores de la entidad de gestión en tres tandas.
Denuncia de la Fiscalía Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción presentó el jueves en la Audiencia Nacional una denuncia dirigida contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por un supuesto desvío de fondos en sus actividades, según fuentes jurídicas.
El escrito del Ministerio Público, que fue presentado hace unas semanas ante el Decanato de la Audiencia Nacional, responde a unas diligencias previas abiertas por este departamento a raíz de una denuncia que presentaron en noviembre de 2007 la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE).
La denuncia se basaba en la aparición en varios medios de comunicación de varias "supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE".
Los internautas denunciaban que los directivos de la entidad habían formado una trama societaria de empresas filiales en torno a la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) en las que las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se invertían en actividades lucrativas para las mismas.
"Mandato legal"
Según estas asociaciones, la entidad denunciada incumplía, de esta forma, "el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, que lo son de sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley".
A su juicio, estas actividades podrían ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones que serían achacables a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo la "malversación" de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, como "principal fiscalizador de este tipo de asociaciones".