Esta estimación del coste para el erario público del proceso de reestructuración no se puede considerar "definitiva", ha advertido el Tribunal de Cuentas, que ha recordado que aún tienen que terminar los procesos de reestructuración. El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), controla el 66% de Bankia y el 65% de BMN.
"La venta de acciones de entidades en las que el FROB aún participaba al 31 de diciembre de 2015 pueden provocar un incremento o una disminución el citado importe", ha explicado en un comunicado.
En un informe de fiscalización del proceso de saneamiento de la banca, el Tribunal de Cuentas ha calculado que los recursos públicos comprometidos ascienden a 122.122 millones entre 2009 y 2015, si bien ha aclarado que no todas las medidas de disposición o compromiso de recursos públicos suponen un coste para el sector público.