De esta forma, los socialistas proponen que la financiación de este bono sea en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético.
Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y en ningún caso a aquellos servicios considerados 'esenciales', para personas consideradas como personas 'vulnerables severos'.
¿QUIÉN ES CONSUMIDOR VULNERABLE?
Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior, aunque, según señalan desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
El bono social recogido en la proposición de ley cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como 'vulnerables', pudiendo ser distinta esta cobertura en función de la categoría de consumidor.
La iniciativa delega en el Ministerio de Energía el tope máximo que deberán aportar las comercializadoras, así como las tarifas de último recurso y valor base para los consumidores vulnerables, mientras que los porcentajes de financiación que deberán asumir cada suministradora sería calculado anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).