El nuevo Programa de Estabilidad, que será remitido a Bruselas junto con el Plan Nacional de Reformas, prevé también que la deuda pública se sitúe en el 98,9% este año, una cifra menor que el 100,3% estimado inicialmente. El Gobierno espera que a partir de 2016 comience a reducirse hasta situarse en el 93,2% en 2018.
Según el Ejecutivo, a esta reducción contribuirá, entre otros factores, el impulso del crecimiento económico, la caída del gasto en intereses y la mejora del saldo primario, que registrará superávit ya en 2016.
En el desglose del déficit público, se mantienen sin cambios las estimaciones para 2015 y 2016, del tal manera que el Estado tendrá un déficit del 2,9% este año y del 2,2% el que viene, mientras que las comunidades autónomas registrarán unos 'números rojos' del 0,7% en 2015 y del 0,3% al año siguiente. Las entidades locales registrarán 'déficit cero' ambos años y la Seguridad Social pasará de un déficit del 0,6% en el presente ejercicio al 0,3% un año después.
De esta forma, España saldrá del procedimiento de déficit excesivo en 2016, al situarse el saldo negativo por debajo del 3%. En 2018, únicamente el Estado, con un déficit del 0,2%, y la Seguridad Social (-0,1%) se mantendrán con 'números rojos', pero las comunidades autónomas conseguirán estar en equilibrio, al igual que los ayuntamientos.
Empeora la previsión de déficit de 2017
Lo que sí ha empeorado el Gobierno es la estimación de déficit para 2017, que se situará en el 1,4%, frente a la previsión del 1,1% del anterior programa de estabilidad. Así, mantiene que el déficit del Estado se situará en el 1,1%, pero empeora el de las comunidades hasta el -0,1%, frente al 0,0% anterior, así como el de la Seguridad Social, que pasará del cero al -0,2%.
Para 2018, el Ejecutivo estima un déficit del 0,3%, resultado de un saldo negativo del 0,2% de la Administración Central y del 0,1% de la Seguridad Social, ya que tanto las comunidades como los ayuntamientos conseguirán el 'déficit cero'.
De acuerdo con el Programa de Estabilidad, los ingresos y los gastos públicos convergerán según avance la legislatura hasta llegar al 38% del PIB en 2018, evolución marcada por el impacto positivo de la rebaja fiscal en el impulso a la demanda interna, a la creación de empleo, y en definitiva, a la ampliación de bases imponibles.
De esta forma, el ratio de gasto público sobre el PIB se reducirá de forma progresiva, conforme avance el PIB nominal, hasta llegar al 38%. Esta evolución supone la vuelta, según el Gobierno, a los niveles de gasto público de 2007, anteriores a la crisis, medidos en términos reales de renta per cápita.