Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Montoro indicó que con este acuerdo de no disponibilidad el Estado va a aplicar la misma medida que ha solicitado el Gobierno a las comunidades autónomas, y que deberá ser refrendada esta tarde en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Posteriormente, comenzará la negociación bilateral con las comunidades que se materializará en nuevos planes de ajuste, con sendas viables de consolidación fiscal.
Además, España cumple así con la recomendación autónoma que envió Bruselas al Ejecutivo el pasado 9 de marzo, en el marco del procedimiento de déficit excesivo, instando el Gobierno a adoptar las medidas para conseguir una corrección duradera del déficit público.
El ministro adelantó que este recorte del gasto no afectará al gasto social ni a partidas que el Gobierno considera prioritarias como la seguridad, las transferencias a la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal, que gestiona las prestaciones por desempleo, a las becas de Educación o a las transferencias al Adif para gasto de mantenimiento.
De hecho, del total de 2.000 millones de recorte, 950 millones se recortarán en aquellos gastos vinculados a operaciones del capítulo VIII de los Presupuestos con impacto en el déficit público y a las partidas de los ministerios de Economía, Industria, Energía y Turismo y Fomento.
Asimismo, Montoro indicó que el ajuste se ha realizado de manera "proporcional" entre ministerios y en el resto de partidas en función de los créditos iniciales.
Según el Gobierno, las medidas que se están adoptando responden a la necesidad de cumplir con urgencia a la recomendación autónoma de la Comisión Europea y por razones de interés general para evitar las consecuencias que puedan derivarse de un agravamiento en el marco del protocolo de déficit excesivo.