En un comunicado, el bufete de abogados esgrime que gran parte de los tribunales están otorgando a los consumidores las cantidades reclamadas en concepto de gastos hipotecarios, si bien incide en que sigue existiendo disparidad de criterios a la hora de devolver el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
En este sentido, Sanahuja Miranda recuerda que existen discrepancias en la interpretación de la Ley entre la Sala Administrativa y la Sala Civil del Tribunal Supremo, en cuanto a definir el obligado tributario al pago del impuesto.
El AJD representa el pago de un porcentaje sobre la escritura notarial que varía según la Comunidad Autónoma en la que se formalice la hipoteca, aunque según los datos recabados por el despacho de abogados el pago de este impuesto se sitúa de media entre los 3.000 y 4.000 euros.
Sanhauja Miranda explica que en aplicación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), el Tribunal Supremo manifiesta que al ser la entidad bancaria en favor de quien se constituye la garantía hipotecaria, y consecuentemente a quien beneficia su inscripción registral, deben estar a su cargo los gastos que dicha inscripción ocasione.
"Con este criterio, y en concordancia con la LGDCU, la cláusula de imposición de gastos contenida en la casi totalidad de escrituras de préstamo hipotecario deviene nula por abusiva, y es la entidad bancaria la que debe afrontar dichos costos, al haberlos trasladado indebidamente al consumidor", recuerda el bufete, que concluye que, de acuerdo a la jurisprudencia más reciente, "sería correcto afirmar que la viabilidad judicial de este tipo de reclamaciones es alta".
Además, asevera que la probabilidad de recuperar las cantidades abonadas en concepto de Gastos de Constitución e Inscripción del préstamo hipotecario "es una realidad".