La bonificación sería del 100% cuando los ingresos fuesen inferiores a dos veces el Iprem e iría disminuyendo conforme los ingresos se aproximen a cuatro veces este indicador, según consta en la propuesta de IU.
El arrendamiento de un inmueble destinado a vivienda constituye una operación entre particulares, por lo que se encuentra sujeto al ITP y AJD, tributos estatales cuya recaudación está cedida a las comunidades autónomos.
Garzón defiende en esta iniciativa que el acceso a una vivienda a través del alquiler es una política a promocionar "para evitar que dependa en una proporción muy elevada del endeudamiento vía crédito hipotecario".
Según ha destacado el portavoz parlamentario de IU, con la legislación actual, para las familias de menor capacidad económica que pagan un alquiler por su vivienda habitual, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) que debe abonar el inquilino "puede suponer un impedimento a la hora de facilitarles el derecho al acceso de una vivienda digna".
IU asegura que, a la hora de plantear esta proposición no de ley, ha tenido en cuenta que quien debe pagar el tributo es el inquilino o arrendatario, pero si el arrendador recibe el primer pago sin haber exigido al inquilino el justificante de haber abonado el ITP, será responsable subsidiario de su pago.