En concreto, han firmado el escrito la Asociación de Cadenas Españolas de Distribución (Aces), la Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logística y Distribución de España (Aldefe), la Asociación de Grandes Cadenas de Distribución (Anged), la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).
En el escrito solicitan que esta prórroga se aborde en el proyecto de Ley anunciado por el Gobierno para la adopción de nuevas medidas fiscales y tributarias, según han informado en un comunicado.
El impuesto entró en vigor en 2014 y su aplicación estaba prevista de forma progresiva. Así, en aquel año la aplicación fue del 33% del tipo impositivo, en 2015 del 66% y en 2016 estaba previsto que fuera del 100%, pero finalmente se congeló por decisión del Gobierno.
De cara a 2017, estas asociaciones solicitan que se siga aplicando el 66%, algo que consideran "muy importante" para el objetivo de los sectores afectados de detener el aumento del mercado negro, propiciado por la entrada de producto desde otros Estados miembros.
La entrada de estos productos, junto con las importaciones de fuera de la UE no controladas, se estima que pueden representar entre un 40% y un 50% de los HFC (gases fluorados) comercializados en España y se encuentran "fuera de control y trazabilidad", han informado.
En el escrito, las asociaciones subrayan que este impuesto tiene una repercusión "muy negativa" en la competitividad de las empresas usuarias de instalaciones frigoríficas, como comercios, almacenes frigoríficos o industrias alimentarias.
Además, el presidente de la Aefyt, Roberto Solsona, ha explicado que la aplicación de este impuesto "no tiene ningún efecto medioambiental", ya que "la progresiva reducción de los gases fluorados está cubierta por el Reglamento F-Gas".