Dos ex directivos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, imputados por el 'caso Nóos'

cuatro.com 02/12/2011 13:57

Tras personarse en las dependencias de la valenciana Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), la policía ha tomado declaración en calidad de imputados a dos exdirectores de la entidad y ha comprobado documentación relativa a los contratos firmados con el Instituto Nóos, fundado por el duque de Palma, Iñaki Urdangarín. Una tercera persona de identidad todavía desconocida estaría también imputada.

Agentes de la Policía Judicial y el Fiscal de Baleares se han personado este viernes en dependencias de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia para tomar declaración como testigos a diversos trabajadores de la empresa en relación con las diligencias de investigación que se están llevando a cabo sobre las actividades del Instituto Nóos, fundado por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, según ha informado CACSA en un comunicado.

Los agentes desplazados a CACSA han querido ratificar con personal de los departamentos jurídicos, protocolo y eventos los documentos relativos a la relación entre el Instituto y esta entidad. Esta actuación se produce después de que miembros de Fiscalía Anticorrupción y de Policía de Baleares hayan comenzado a tomar declaración como testigos a altos cargos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia por los pagos realizados al Instituto Nóos.

Han prestado declaración el exdirector general de CACSA, Jorge Vela, actual responsable del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF); y José Manuel Aguilar, también exdirector de la entidad, así como el director del Palacio de Congresos, José Salinas, todos ellos el jueves, mientras que en esta jornada declaraba el vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau.

Agentes de la Policía judicial se personaron el pasado 8 de noviembre en la sede de la Conselleria de Presidencia y de CACSA para pedir, por orden del juez instructor del 'caso Palma Arena', información de la relación de la Generalitat valenciana con el Instituto Nóos.

Según informaron entonces fuentes de la Generalitat, esta relación se ciñe a dos contratos suscritos en 2004 y 2005 por ambas entidades con la sociedad que fundó y presidió el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín.

Valencia Summit

Tal y como señalaron estas fuentes, la información facilitada a la Policía era la relativa a un contrato de CACSA de fecha 2004 para la celebración del evento Valencia Summit, en el que también participó el Ayuntamiento de Valencia, y otro suscrito en 2005 por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, dependiente de la Conselleria de Presidencia, con el Instituto.

En el primero de los casos, el contrato de CACSA de 2004 se suscribió para la celebración del Valencia Summit, una cumbre internacional sobre organización de grandes eventos deportivos, que se celebró durante tres años y por la que se pagó 450.000 euros por cada anualidad.

Sobre el otro convenio, se firmó en 2005 por la entonces Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat en 2005, con una duración de dos años, tenía el objeto de preparación para que la autonomía pudiera ser sede de unos juegos europeos, que finalmente no se realizaron. En este caso, se pagó 382.000 euros por el trabajo realizado, lo que suponía un seis por ciento del total establecido en el convenio.

El Consell desconoce imputaciones por Nóos

El Consell ha manifestado que no tiene conocimiento de ningún auto de imputación del Juzgado de Instrucción número tres de Palma de Mallorca a dos exdirectores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia por la contratación de los servicios del Instituto Nóos.

Las mismas fuentes han precisado que ningún juez ha interrogado a ninguno de estos directivos y ha recordado que este sería el único órgano competente para hacerlo, ya que el fiscal no puede imputar procesalmente a nadie y las declaraciones que se efectúen ante él "en concepto de investigado carecen de valor procesal de imputación".

Asimismo, han manifestado su respeto a la presunción de inocencia de toda persona, "pero aún más en el caso de unas personas a las que ningún juez se ha dirigido o ha recibido declaración".