Según ha explicado, estas modificaciones son más exigentes que las previstas en la Directiva europea con el fin de aumentar la seguridad jurídica de las hipotecas, aunque conllevará un previsible incremento en su coste.
En concreto, señala que "numerosas cláusulas hipotecarias pueden entenderse como una opción financiera" y, como tal, "deben ser contempladas en el contrato". De esta manera, si las limitaciones impiden recuperar el coste completo del riesgo a partir de comisiones, será entonces el precio (tipo de interés) el que recogerá ese diferencial. Es decir, que a mayores limitaciones, mayores tipos de interés.
Sin embargo, el IEE defiende que este aumento en el coste de las hipotecas "debe interpretarse positivamente" y que la entidad financiera "debería retener gran parte del mismo".
De su lado, el cliente conocerá de forma más transparente el coste del producto que contrata, al no tener que calcular el valor del ejercicio de algunas opciones específicas. Así, el banco realizará un análisis preciso del riesgo de cada operación para evitar que se produzcan pérdidas ajustadas al riesgo y el cliente será más consciente del coste de la adquisición de la vivienda a la hora de tomar la decisión. Ahora bien, la "consecuencia ineludible" será encarecer el coste del acceso a la vivienda, según el instituto que dirige José Luis Feito.
MINIMIZAR LOS CONFLICTOS DE INTERPRETACIÓN
En líneas generales, el estudio apunta que el mercado hipotecario ha funcionado "relativamente bien" a pesar de la crisis inmobiliaria, económica y financiera, ya que ha permitido un elevado grado de acceso a la vivienda y una baja morosidad, a la vez que las familias se han beneficiado de tipos bajos y las entidades han tenido acceso a la financiación en el mercado de capitales.
Aún así, reconoce que se han producido "prácticas poco adecuadas" que han generado "un estado de inseguridad jurídica creciente", dado el recurso cada vez mayor a los tribunales para resolver las disputas que han ido surgiendo.
Por ello, el informe del Instituto de Estudios Económicos defiende que la reforma del sistema hipotecario debe perseguir el objetivo de reforzar el marco jurídico de los préstamos hipotecarios para dotarlo de seguridad jurídica, ya que el actual "ha sido objeto de interpretaciones, a veces divergentes", lo que habría afectado a la confianza de prestamistas, deudores e inversores.
Asimismo, argumenta que la reforma debe "evitar las malas prácticas que se han producido para que no se repitan", para lo que es necesario que la nueva ley regule "de manera adecuada" ciertos aspectos del mercado hipotecario "de manera clara y concisa", rigiéndose por unas reglas de juego "claras" y que "minimicen potenciales conflictos de interpretación que puedan surgir".