Junqueras ha avisado de que ya no certificará por escrito el detalle de gastos semanales --como requirió el Gobierno para controlar que no se destinan partidas presupuestarias al 1-O--, si bien la Generalitat mantiene su "compromiso con la estabilidad presupuestaria".
Argumenta que el régimen jurídico aprobado la semana pasada por el Parlament para regular y garantizar la celebración del referéndum es incompatible con las medidas establecidas en el acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) de 21 de julio, por el cual se adoptaron "medidas adicionales para garantizar en Cataluña la prestación de los servicios públicos en defensa del interés general y en cumplimiento de la Constitución y las leyes", que requería los informes semanales sobre los gastos del Ejecutivo catalán.
Junqueras considera que las medidas establecidas en el acuerdo de CDGAE "suponen un control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia".
Por esta razón, el Govern ha adoptado un nuevo acuerdo mediante el cual "se exime y dispensa a los responsables pertinentes la remisión de la información requerida" por el acuerdo de CDGAE de 21 de julio.
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Junqueras ha subrayado que el compromiso de la Generalitat con la estabilidad presupuestaria y la estabilidad financiera "se mantiene inalterable, como se demuestra en la mejora de la situación económico financiera de la Generalitat", y ha afirmado que continuará colaborando con el Ministerio en los términos en que se ha venido desarrollando hasta el momento.
Ha recordado que, regularmente, el Govern comunica al Ministerio el seguimiento mensual del Plan de Ajuste, con la información necesaria para verificar el cumplimiento del compromiso con los objetivos de déficit, deuda y gasto público.
"Pese al desacuerdo entre los dos gobiernos sobre la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña compartimos con el Ministerio que usted preside la necesidad de seguir colaborando en todos los aspectos que hacen referencia a la estabilidad presupuestaria y financiera de Cataluña y de España", manifiesta Junqueras en la carta.
VOLUNTAD DE DIÁLOGO
El vicepresidente ha manifestado que la voluntad del Govern es "seguir apostando por el diálogo y el ejercicio de la democracia como forma de resolver el debate sobre las relaciones políticas entre Cataluña y España".
Ha añadido que, hasta el momento, no ha sido posible llegar a un acuerdo con el Gobierno central sobre la celebración de un referéndum, "pese a las reiteradas propuestas y peticiones" formuladas por el Govern y el Parlament, y ha asegurado que la propuesta sigue en pie.
MONTORO RESPONDE
Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha requerido que la Generalitat cumpla con su deber y remita de inmediata la información a la que está obligada.
En la carta de respuesta del Gobierno, consultada por Europa Press, Montoro advierte de que, si no facilitan estos datos, se adoptarán "las medidas necesarias" para asegurar que la Generalitat atiende a la legislación vigente y, en concreto, al cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria.
Además, Montoro deja claro al Govern que no puede justificar no cumplir las obligaciones del acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) de 21 de julio, porque las normas aprobadas en el Parlament hace una semana han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional y por tanto no amparan ninguna actuación.
"He de recordarle que del contenido de citadas normas se deduce que no es precisamente, ni la sostenibilidad financiera, ni el equilibrio presupuestario, ni velar por el interés general, sus objetivos prioritarios", recuerda Montoro, que lo ve como un ataque directo a los mismos.
Asimismo, el ministro rechaza que el acuerdo de la CDGAE sea un control político, como argumenta textualmente Junqueras en su carta, y lo enmarca en medidas de control de la gestión y destino de los recursos públicos.
"En definitiva, control de legalidad para garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales", apunta la misiva.
También recuerda al ejecutivo de Carles Puigdemont que cumplir el acuerdo de la CDGAE deriva del compromiso que voluntariamente asumió Cataluña al adherirse al mecanismo de financiación autonómica.